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Cómo eliminar fotos y vídeos de internet

Cómo eliminar fotos y videos de internet

¿Sabes cómo solicitar el como poder eliminar fotos y vídeos publicados en internet? Tu imagen es un dato personal, tanto si apareces en una foto como en un vídeo.

Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin que exista legitimación para tratar este dato tuyo, sobre todo en redes sociales, es un tema que se plantea con frecuencia ante la Agencia. El Reglamento General de Protección de Datos reconoce a las personas el ejercicio del derecho de supresión.

La Agencia Española de Protección de Datos tutelará tu derecho de supresión si, después de haberte dirigido a la persona responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho responsable del tratamiento de datos no te ha respondido en el plazo establecido o si consideras que la respuesta no ha sido adecuada, de forma que podrás presentar una reclamación al respecto.

¿Qué debes hacer?

El ejercicio del derecho de supresión sólo puede solicitarlo la persona afectada o, en caso de tratarse de menores de 14 años, sus progenitores o tutores legales.

Siempre que las circunstancias lo permitan, es recomendable contactar con quien subió el contenido solicitándole su eliminación.

Si no consiguieras tu objetivo, deberías necesariamente solicitar el borrado a la plataforma que ha proporcionado los medios para la publicación, esto es, la red social o el portal de video en que se han publicado esas imágenes o vídeos, acreditando tu identidad e indicando qué enlaces son los que contienen los datos que quieres cancelar.

La empresa debe resolver sobre la solicitud de supresión en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la misma. Transcurrido ese plazo sin que de forma expresa te respondan a la petición o si consideras que esa respuesta es insatisfactoria, puedes interponer la correspondiente reclamación ante esta Agencia, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la supresión ante la entidad de que se trate.

Este punto es muy importante, ya que si no puedes acreditarnos que has ejercido en primer lugar tu derecho de supresión ante dicha empresa no podremos ayudarte.

 Las redes sociales más populares, por su parte, disponen de mecanismos establecidos para comunicarles vulneraciones de la privacidad o contenidos inapropiados mediante sus propios formularios.

Fuente AEPD

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¿Cómo deben estar colocadas las cámaras y monitores de grabación según el RGPD?

¿Cómo deben estar colocadas las cámaras y monitores de grabación según el RGPD?

Quien de ustedes no ha estado esperando en la caja de un bazar y mientras le atendía ha observado una pantalla en la que se visualiza toda la tienda, y desde donde el titular del establecimiento vigila la misma, ¿pero realmente conocemos cómo deben estar colocadas las cámaras y monitores de grabación según el RGPD?.

Pues bien esa visualización generalizada no cumple con la normativa de protección de datos, ya que el principio de minimización del artículo 5 del RGPD requiere que los datos personales tratados sean adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los que son tratados.

Así, en el ámbito de la videovigilancia, este principio supone:

– Que el número de cámaras se limite a las necesarias para cumplir la función de vigilancia.

– Que el responsable analice también los requisitos técnicos de las cámaras, ya que el zoom o las denominadas «cámaras domo» pueden afectar y limitar al citado principio de minimización.

Asimismo, los monitores de grabación deben situarse de forma que, en la medida de lo posible, únicamente puedan ser visualizados por aquellos cuya función sea controlar los equipos que realizan las grabaciones, y no estar expuestos al público.

Por tanto, si ustedes durante una visita a un establecimiento de cualquier tipo, pueden visualizar las imágenes a través de los monitores, ese establecimiento incumple con la normativa de protección de datos.

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¿Se puede instalar GPS en los coches de empresa que utilizan los trabajadores?

¿Se puede instalar GPS en los coches de empresa que utilizan los trabajadores?

Muchas empresas ponen a disposición de sus empleados coches y se plantean la posibilidad de instalar GPS en los mismos para su control. Pero ¿se puede instalar GPD en los coches de empresa que utilizan los trabajadores?. A este respecto las empresas temen porque dicha actuación suponga una vulneración de la normativa de protección de datos, por lo que a continuación procedemos a dar respuesta a esta posibilidad.

La legitimación que permitiría este tratamiento de datos personales sería, en base a lo dispuesto en el artículo 6 del RGPD, la ejecución de un contrato, teniendo en cuenta, además, que el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.

No obstante, la existencia de esta legitimación, sin necesidad de que preste consentimiento previo el trabajador, no excluye el cumplimiento del derecho de información del artículo 13 del RGPD.

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¿Hasta que años pueden acceder los padres a las historias clínicas de sus hijos ?

¿Hasta que años pueden acceder los padres a las historias clínicas de sus hijos?

El artículo 154 del Código Civil habilita el acceso de los padres a la información sanitaria de sus hijos sobre los que ostenten la patria potestad para velar adecuadamente por su salud en cumplimiento de las obligaciones que impone el ejercicio de la patria potestad, a lo que nos surge la duda de ¿hasta que años pueden acceder los padres a las historias clínicas de sus hijos?.

La habilitación para acceder al historial clínico se refiere sólo a los titulares de la patria potestad y no a cualesquiera familiares, es decir, abuelos, abuelas o tíos.

A su vez, el menor de edad también podría ejercer el derecho de acceso a su historia clínica a partir de los 14 años, si bien este ejercicio no puede entenderse como limitación al derecho de los titulares de la patria potestad del menor no emancipado a acceder a su historia clínica.

Las reclamaciones en los casos de la negativa a entregar las historias clínicas de los menores a los progenitores que ostenten la patria potestad habrán de dirigirse a las autoridades sanitarias o judiciales correspondientes.

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¿Se pueden solicitar los antecedentes penales para un puesto de trabajo?

¿Se pueden solicitar los antecedentes penales para un puesto de trabajo?

La LOPDGDD establece en su artículo 10 que los datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en la propia LOPDGDD o en otras normas de rango legal, lo que nos hace preguntarnos, ¿se pueden solicitar los antecedentes penales para un puesto de trabajo?.

En conclusión y con lo citado anteriormente, no es legalmente posible exigir a los candidatos a un puesto de trabajo un certificado de antecedentes penales, que no puede ser objeto de tratamiento salvo en aquellos supuestos excepcionales en que, autorizados por una Ley y con las debidas garantías se contemple dicha medida.

En este sentido existen específicas normativas que lo contemplan, por ejemplo, en lo relativo a seguridad de aeropuertos en que una norma europea de directa aplicación como es el Reglamento europeo sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil, impone la medida relativa a la comprobación de los antecedentes personales del personal que accede a zonas restringidas de seguridad o en el supuesto de empleados de un colegio donde hay menores se exige el certificado de antecedentes sobre delitos sexuales..

En consecuencia, solamente resultará conforme a lo establecido en la LOPDGDD la solicitud de un certificado de antecedentes penales a las personas que se contraten por una entidad en el supuesto de que una Ley nacional, o una norma europea de directa aplicación, contemplen dicha medida, en otro caso, la misma resultaría contraria a lo regulado en la normativa de protección de datos

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¿Es legal la captación de imágenes desde una moto?

Se acerca el período vacacional, y en la situación de pandemia en la que nos encontramos, los aficionados a las motos pueden encontrar la excusa perfecta realizar un viaje en este medio de transporte en estas fechas e inmortalizar las vacaciones y los trayectos en moto instalando una cámara en el casco, pero ¿es legal la captación de imágenes desde una moto?. Si bien hay que analizar si esta acción se ajusta a la legalidad o no en materia de protección de datos.

A estos efectos cabe señalar que la normativa de protección de datos no es de aplicación a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

En este supuesto, se podría aplicar la excepción doméstica y realizar la grabación de los viajes, siempre y cuando dicha grabación fuese para uso estrictamente personal.

No obstante, si por ejemplo, las grabaciones se publicasen en Internet, supondría un desvío de la finalidad doméstica, por lo que sí sería de aplicación la normativa de protección de datos personales.

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¿Qué derechos tengo en Protección de Datos?

¿Qué derechos tengo en Protección de Datos?

Son muchas las ocasiones en las que nos hemos preguntado, ¿qué derechos tengo en Protección de Datos? Pues bien, hoy explicamos detalladamente cuales son y que coste económico tiene poder ejercitar cualquiera de ellos.

I.- ¿QUÉ DERECHOS RECONOCE EL REGLAMENTO DE PROTECCION DE DATOS A LOS AFECTADOS?

La normativa vigente en España sobre protección de datos, protege a los afectados, personas a las que hace referencia dichos datos concediéndole una serie de derechos que son los siguientes:

  1. derecho de información,
  2. derecho de acceso,
  3. derecho de rectificación.
  4. derecho de supresión («derecho al olvido»),
  5. derecho de oposición,
  6. derecho de portabilidad,
  7. derecho de limitación del tratamiento, y
  8. derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles).

Estos derechos se ejercitarán ante el responsable del tratamiento. También es posible ejercitarlos en los casos de que existiese un encargado de tratamiento ante éste, siempre y cuando el responsable y dicho encargado así lo hubiesen convenido.

Dichos derechos deben ser siempre atendidos por el responsable y/o encargado de tratamiento en su caso, pues en caso contrario pueden ser sancionados los mismos por tal incumplimiento.

II.-  ¿EL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS SUPONE ALGÚN COSTE ECONÓMICO?

Tanto la información que se facilite en virtud de los artículos 13 y 14 del RPGD (derecho de información) como toda comunicación en virtud de los artículos 15 a 22 (derechos de los afectados) y 34 (comunicación de brechas de seguridad) serán a título gratuito.

No obstante, cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

  1. a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada.
  2. b) negarse a actuar respecto de la solicitud.

En el caso del derecho de acceso, se podrá considerar repetitivo su ejercicio cuando se produzca en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

En todo caso, el responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

Por tanto, como regla general el responsable del tratamiento y/o el encargado del tratamiento en su caso no deberán cobrar nada al interesado por la atención del ejercicio de derechos.